27.5.26 ALERTA POR EL ESTADO DE DERECHO EN BOLIVIA

MANIFIESTO INTERNACIONAL:

Llamado Urgente a la Acción y la Solidaridad Política Europea

Nosotras y nosotros, como articulación internacional de colectivos de la sociedad civil, movimientos sociales y defensores de derechos humanos en Europa, expresamos nuestra profunda alarma ante la grave crisis política, social y de derechos humanos en Bolivia bajo el gobierno de Rodrigo Paz.

Las movilizaciones pacíficas de pueblos indígenas, campesinos y trabajadores —que se oponen a un violento ajuste neoliberal— enfrentan una represión estatal, militarización y violencia racista sistémicas.

I. CONTEXTO JURÍDICO Y DETONANTES DE LA MOVILIZACIÓN

La crisis actual es el resultado directo de reformas impulsadas por el Ejecutivo que vulneran la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009 y tratados internacionales ratificados por el país:

• Leyes de Privilegio: Legislación mediante decretos que benefician exclusivamente a las élites agroindustriales, destacando el D.S. 5547 (arancel cero para importación de soya) y la Ley 1718 (eliminación del impuesto a las grandes fortunes).

• Ataque a la Soberanía (D.S. 5503): Decreto —abrogado por la presión popular— que pretendía ceder recursos estratégicos a intereses extranjeros, vulnerando de forma flagrante el Convenio 169 de la OIT al suprimir el derecho vinculante a la Consulta Previa, Libre e Informada de lospueblos originarios.

• Despojo de Tierras Campesinas (Ley 1720): Norma impulsada por intereses latifundistas que busca levantar la protección de la pequeña propiedad campesina para permitir su concentración en manos de grandes terratenientes.La legitimidad de la respuesta social: Este intento de despojo territorial provocó una histórica marcha indígena de más de 500 kilómetros que durante 27 días ascendió desde las tierras bajas de Pando y Beni hasta La Paz. Esta movilización consolidó un bloque unitario con las organizaciones matrices del país: la Central Obrera Boliviana (COB), la CSUTCB, el Magisterio Urbano y Rural, y 39 centrales agrarias regionales. La única respuesta del Ejecutivo ha sido el cierre del diálogo y la estigmatización.
• II. FACTORES DE RIESGO INMINENTE: EL QUIEBRE DEL ESTADO DE DERECHO
• Alertamos a las instituciones europeas sobre tres hechos de gravedad democrática sin precedentes:
• Quiebre del Estado de Derecho y Militarización: El gobierno de Rodrigo Paz ha promulgado la Ley 1732, consumando la abrogación de la Ley 1341 (Ley Eva Copa) de Estados de Excepción. Al anular esta norma protectora, se ha eliminado el control parlamentario obligatorio de 72 horas sobre el Ejecutivo y se han suprimido las salvaguardas legales contra el uso de armas letales por parte del Ejército en conflictos domésticos. Jurídicamente, se habilita un escenario de impunidad absoluta para el despliegue militar frente al descontento civil.
• Violencia Racista e Institucional: Denunciamos el recrudecimiento de discursos deshumanizantes y la quema pública de la Wiphala, símbolo patrio oficial protegido por el Artículo 6 (Parágrafo II) de la CPE. Estos actos de odio institucionalizado e impune contra la identidad indígena reviven la dolorosa memoria del quiebre democrático de 2019, que saldó decenas de asesinatos civiles investigados por organismos internacionales.
• Criminalización de la Protesta: El uso político de detenciones arbitrarias masivas y la flagrante violación del fuero sindical violan directamente los Artículos 9 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), judicializando de forma de manera sistemática el derecho democrático a la disidencia. III. ACCIONES EXIGIDAS A LAS PERSONALIDADES POLÍTICAS EUROPEAS
• Exhortamos a los líderes e instituciones influyentes en Europa a romper el silencio y emitir PRONUNCIAMIENTOS PÚBLICOS e INTERPELACIONES OFICIALES para exigir:

• El cese inmediato de toda iniciativa de declarar un Estado de Excepción militarizado al amparo del nuevo vacío legal que otorga la Ley 1732.

• El cese de la violencia estatal y la represión militar/policial contra las manifestaciones pacíficas, garantizando la vida e integridad de los marchistas.

• La liberación inmediata de todas las personas detenidas en las protestas y el respeto irrestricto al fuero sindical.

• El embargo y la suspensión inmediata del envío de material militar o de control de disturbios desde gobiernos europeos y de la comunidad internacional que pueda ser utilizado como herramienta de represión contra la población civil boliviana.

• El respeto absoluto a la soberanía nacional de Bolivia, rechazando la injerencia extranjera y los procesos de privatización de los recursos públicos.

La solidaridad internacional ha sido históricamente un escudo fundamental para los pueblos de América Latina frente al autoritarismo. Les instamos a utilizar sus canales parlamentarios, redes públicas y herramientas diplomáticas para emitir declaraciones contundentes que protejan las vidas, los derechos conquistados y la democracia comunitaria en Bolivia.

¡Jallalla el Estado Plurinacional de Bolivia!

Coordinacion Wiphalas por el mundo